Casos por bullying en Colombia llegaron a los 8 mil en medio de la pandemia

Hoy en día los estudiantes tienen más factores de riesgo como las redes sociales

De acuerdo con la ONG Bullying Sin Fronteras, solo entre el 2020 y 2021, se reportaron 8.981 casos de bullying en el país.

Si bien el bullying en los colegios siempre ha existido, se estima que hoy en día los estudiantes tienen más factores de riesgo como las redes sociales, que incentivan a que haya un mayor número de casos de violencia escolar física o psicológica. De acuerdo con la ONG Bullying Sin Fronteras, solo entre el 2020 y 2021, se reportaron 8.981 casos de bullying en el país .

Como medida para combatir este fenómeno que ha venido en aumento durante los últimos años, el Congreso de la República expidió la Ley 1620 de 2013, mediante la cual se creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Con este sistema, se obligó a los colegios a crear comités de convivencia para mitigar y prevenir diferentes problemáticas entre los estudiantes, entre ellos la violencia psicológica y física. Así, dentro de sus políticas de convivencia, cada institución estudiantil debe determinar los pasos a seguir cuando se ha presentado una situación de bullying o violencia escolar entre estudiantes.

Para Beatriz Molina, experta en derecho penal lo anterior no ha sido suficiente, en la medida que los niños se enfrentan a diferentes factores que trascienden el ámbito escolar presencial y se expande a las redes sociales. Por ello, asegura que “se debe instruir a los padres y docentes sobre otros mecanismos para prevenir y combatir el bullying. En primera instancia, se deben activar los mecanismos instaurados en el colegio. Y segundo, en caso de que dichas medidas no estén funcionando, se debe recurrir a acciones legales: civiles o penales, dependiendo del caso.”

Molina opina que por más que los casos hayan aumentado a lo largo de los años, esto no significa que esta conducta se deba tipificar como delito; “lo ideal es que los colegios y las familias tengan métodos y programas educativos establecidos para evitar estos casos o para que, en caso de que se presenten, se dé una solución efectiva; pues en el evento en que una situación de acoso escolar se lleve a instancias judiciales, el conflicto puede tardar años en resolverse y se puede generar una revictimización en los menores”. Además, agrega que es importante que los padres y docentes, dentro del rol de educar, no normalicen la violencia física o verbal para resolver un problema.

Ahora bien, Molina resalta que, a pesar de que el bullying o acoso escolar no es una conducta delictiva, “las consecuencias de la violencia escolar sí pueden generar daños o configurar delitos, como lesiones personales, injuria, hurto e incluso sexuales. En este caso, se deben activar las acciones pertinentes para responsabilizar por los daños a los menores que están realizando estos actos con consecuencias delictivas y vincular civilmente a los padres.”

La penalista de de CMS Rodríguez-Azuero, señaló que no solo puede haber consecuencias desde el ámbito penal, pues también se puede buscar reparar los daños causados mediante una acción de responsabilidad civil extracontractual y, en caso de que se considere que se está vulnerando un derecho fundamental como consecuencia del acoso escolar, se puede interponer una acción de tutela.

En conclusión, para hacerle frente al fenómeno del bullying, se debe buscar solucionar el problema desde el fondo. Pues si desde la educación del menor no se le enseña a cómo resolver sus problemas sin violencia, la posibilidad de verse inmersos en procesos de carácter legal puede aumentar. El problema entonces se debe erradicar desde el inicio (desde la educación del menor en sus primeros años escolares) tanto en el hogar hablándole claramente de cuáles son sus derechos y sus límites, como en el colegio reforzando esos límites en su entorno escolar, ampliando los mecanismos de denuncia a las víctimas del acoso escolar, así como implementar campañas para la concientización no solo desde el punto de vista ético y moral sino desde la óptica legal, haciendo énfasis en las consecuencias de sus actos.

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Familia de menor fallecida en accidente aclara que no solicita ayuda económica

Malentendido por cuenta bancaria filtrada para donaciones de compañeros universitarios

La familia de Elizabeth Flores Durán, la menor que perdió la vida en un accidente el pasado miércoles en el sector conocido como Paso Nivel en Barrancabermeja, aclaró a la comunidad que no están solicitando ayuda económica para cubrir los gastos del funeral.

El malentendido se generó cuando un número de cuenta bancaria se filtró en redes sociales, el cual había sido proporcionado por el titular para recibir una colaboración por parte de los compañeros de la Universidad de la mamá de la niña, quienes quisieron apoyarla en este difícil momento.

Según explicó el titular de la cuenta, en ese instante desconocían la existencia de seguros y se encontraban atendiendo las necesidades urgentes derivadas del accidente. Sin embargo, afirmó que los gastos fúnebres y del sepelio ya han sido cubiertos en su totalidad, por lo que no es necesario recibir más donaciones.

Aunque agradecen la intención de la comunidad de brindar ayuda en esta situación, la familia solicita que la imagen con el número de cuenta sea eliminada de las redes sociales para evitar confusiones. Asimismo, el titular se comprometió a devolver el dinero, que asciende a casi un millón de pesos, a quienes realizaron aportes y no pertenecen a la universidad.

La familia de la menor fallecida hace un llamado a la comunidad para que se elimine la publicación y se abstengan de transferir dinero a la cuenta bancaria, reiterando que los gastos ya han sido cubiertos. Agradecen el acompañamiento con oraciones en este difícil momento.

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Líderes sociales de Barrancabermeja denuncian nuevas amenazas de las AGC

Autoridades investigan veracidad de panfleto que exige salida de la ciudad en 48 horas

Un panfleto atribuido a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) que circula por redes sociales y WhatsApp ha generado preocupación entre líderes y lideresas sociales de Barrancabermeja, al contener amenazas directas contra sus vidas.

En el escrito intimidatorio, se señala a organizaciones como CREDHOS, ACVC, ASODESAMUBA, FEDEPESAN y juntas de acción comunal de proteger a las FARC, desconociendo su labor en defensa de los derechos humanos. Además, se mencionan los nombres de varios líderes sociales, entre ellos Ramón Abril, María del Socorro, Judith Zabaleta, José Pérez, Liliana Torres, Beatriz Alemán, Luis González, Tania Mogollón y Georgina Atehortúa, a quienes se les exige abandonar la ciudad en un plazo máximo de 48 horas.

Iván Madero Vergel, presidente de CREDHOS, denunció estas nuevas amenazas en el marco del Día Internacional de las Luchas Campesinas, resaltando que no es la primera vez que las AGC intimidan a líderes sociales, campesinos, sindicales, ambientales y defensores de derechos humanos en la región. Recordó que el pasado 1 de febrero, la misma organización armada emitió un comunicado similar.

Madero Vergel advirtió sobre la continuidad en el hostigamiento, la estigmatización y el señalamiento por parte de grupos armados contra los liderazgos del Magdalena Medio. Las autoridades ya se encuentran investigando la veracidad del panfleto y han establecido contacto con los líderes amenazados para recibir sus requerimientos en materia de seguridad.

Aunque aún no se ha determinado la autenticidad del documento, los organismos de derechos humanos y las autoridades están tomando la situación con seriedad, brindando acompañamiento a los líderes sociales y adelantando las pesquisas necesarias para esclarecer el origen de estas amenazas que buscan amedrentar a quienes defienden los derechos de las comunidades en Barrancabermeja y la región.

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Conductor de tractomula evidencia imprudencias de motociclistas en Barrancabermeja

Video muestra a motociclistas pasando semáforo en rojo en la Comuna 3

Un video que circula en redes sociales, grabado por un conductor de tractomula, revela las múltiples imprudencias cometidas por motociclistas en la intersección de Obras Públicas, ubicada en la Comuna 3 de Barrancabermeja.

En las imágenes se observa al conductor detenido en el semáforo en rojo, mientras capta con su cámara a numerosos motociclistas que ignoran la señal de tránsito y cruzan la intersección de manera irresponsable. El conductor, visiblemente preocupado por la situación, cuestiona la efectividad de medidas como la instalación de escalerillas, resaltos y restricciones, cuando los motociclistas continúan siendo «el peligro de la vía».

Uno de los casos más alarmantes registrados en el video muestra a un hombre llevando a un menor de edad en la motocicleta, cruzando el semáforo en rojo y sin que el niño porte casco de seguridad. El conductor expresa su indignación ante esta escena y otras similares que se repiten constantemente en un solo cambio de semáforo.

El autor del video hace un llamado a la conciencia de los motociclistas para que respeten las normas de tránsito y eviten poner en riesgo sus vidas y las de los demás. Esta situación genera preocupación en la comunidad, especialmente tras el reciente accidente trágico ocurrido en la zona.

El video se ha viralizado en redes sociales, generando un debate sobre la responsabilidad de los motociclistas y la necesidad de fortalecer las medidas de control y educación vial en Barrancabermeja, con el fin de prevenir accidentes y proteger la vida de todos los actores viales.