La violencia vuelve a sacudir a Bucaramanga con el brutal asesinato de Juan Carlos Casanova Ochoa, un reconocido prestamista y comerciante de la ciudad, quien fue atacado a tiros por dos individuos en moto mientras realizaba labores de reparación en su establecimiento ‘Repuestos Cassanova’, ubicado en el barrio Girardot.

El trágico suceso ocurrió alrededor de las 8:25 a.m. del martes 23 de abril, en la calle 26 con carrera 11. Según testigos, los sicarios abrieron fuego contra Casanova sin mediar palabra, propinándole al menos seis disparos antes de huir del lugar. A pesar de los esfuerzos médicos, la víctima falleció horas después en la Clínica Chicamocha debido a las múltiples heridas de bala que presentaba en diferentes partes del cuerpo.

Las autoridades se encuentran investigando los posibles móviles detrás de este violento crimen, barajando hipótesis como un ajuste de cuentas o extorsión. El CTI de la Fiscalía y la Sijin están a cargo del caso, recabando pruebas y testimonios para esclarecer los hechos.

Juan Carlos Casanova, de 46 años y residente del barrio Cabecera del Llano, era conocido en la comunidad por su actividad como prestamista, ofreciendo dinero únicamente a personas de confianza. Además, era propietario del local ‘Repuestos Cassanova’, donde ocurrió el ataque.

Su muerte ha generado conmoción y temor entre los bumangueses, quienes exigen justicia y medidas contundentes por parte de las autoridades para fortalecer la seguridad en las calles de la ciudad. La Policía Metropolitana de Bucaramanga continúa con las investigaciones para dar con los responsables de este crimen que enluta a la capital santandereana.

Mientras tanto, el cuerpo de Casanova será trasladado por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación al departamento de Medicina Legal para realizar los procedimientos correspondientes.

Este nuevo episodio de violencia pone de manifiesto la necesidad de redoblar esfuerzos para garantizar la seguridad ciudadana y prevenir la acción de grupos delincuenciales que atentan contra la vida y la tranquilidad de la población.

La noche del martes 23 de abril de 2024 fue escenario de un acto terrorista en el corregimiento El Plateado, municipio de Argelia, al sur del departamento del Cauca. Una motocicleta cargada con explosivos fue detonada en pleno casco urbano, provocando daños en varias viviendas y sembrando el pánico entre la población.

Este atentado se suma a la delicada situación de orden público que enfrenta Argelia, donde los enfrentamientos entre las tropas del Ejército Nacional y las disidencias de las FARC han obligado a suspender las clases para más de 1.400 estudiantes. Los líderes del corregimiento han denunciado que los artefactos explosivos lanzados por los grupos armados ilegales y las ráfagas de fusil cerca de las instituciones educativas han generado un ambiente de miedo e inseguridad, llevando a los docentes a interrumpir las actividades académicas.

La violencia ha escalado a tal punto que tanto niños como adultos han tenido que abandonar sus hogares y buscar refugio en el coliseo del corregimiento El Plateado, donde están siendo atendidos por las autoridades locales. Esta situación de desplazamiento forzado evidencia la grave crisis humanitaria que se vive en la región.

Las autoridades han condenado enérgicamente este atentado terrorista y han reforzado la presencia de la fuerza pública en la zona para garantizar la seguridad de la población civil. Sin embargo, los habitantes de El Plateado exigen acciones concretas para poner fin a la violencia y permitir el retorno seguro a sus hogares y la reanudación de las clases para los estudiantes afectados.

Este nuevo acto de violencia pone de manifiesto la urgencia de encontrar soluciones duraderas al conflicto armado que persiste en algunas regiones de Colombia, especialmente en el departamento del Cauca. La población civil no puede seguir siendo víctima de la confrontación entre grupos armados ilegales y las fuerzas del Estado.

Es fundamental que el gobierno nacional, en coordinación con las autoridades locales y la comunidad internacional, intensifique los esfuerzos para lograr una paz estable y duradera en el territorio, garantizando la protección de los derechos humanos y brindando oportunidades de desarrollo para las comunidades afectadas por la violencia.

La reforma pensional impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro ha dado un paso significativo al ser aprobada en segundo debate por la plenaria del Senado de la República. Con 49 votos a favor y 4 en contra, el proyecto ahora se dirige a la Cámara de Representantes, donde deberá superar otro debate antes de llegar a la sanción presidencial para convertirse en Ley de la República.

Durante las discusiones, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, defendió la rigurosidad de los estudios realizados y aseguró que el gobierno estará listo para implementar la reforma a partir del 1 de julio de 2025. Por su parte, la senadora Martha Peralta, coordinadora ponente, calificó la aprobación como una victoria para los adultos mayores más desamparados del país.

Entre los aspectos destacados por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se encuentra el bono pensional de $250.000 para más de tres millones de adultos mayores de 80 años que nunca cotizaron, así como la reducción de las semanas de cotización requeridas para acceder a la pensión: 900 para los hombres y 750 para las mujeres.

Sin embargo, la reforma ha generado preocupación entre algunos sectores. La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, advirtió sobre el impacto que tendrá en todos los colombianos y cuestionó las cuentas presentadas por el gobierno. Según ella, el 68% de los recursos provienen de la inversión realizada por los fondos privados, y el régimen de prima media no ha resultado favorable para los trabajadores de salario mínimo.

El abogado Daniel Briceño, concejal de Bogotá, fue más allá y calificó la reforma como una expropiación del ahorro de millones de colombianos, denunciando la supresión de la libertad de elección y la incompetencia del Estado para administrar los recursos.

Otro punto polémico es la designación del Banco de la República como administrador del fondo de ahorro pensional. El senador Miguel Uribe Turbay advirtió sobre la politización de una de las instituciones más serias del país, argumentando que su misión principal es mantener una inflación baja y estable, no gestionar fondos pensionales.

A medida que el proyecto avanza en el Congreso, el debate se intensifica y las preocupaciones sobre su impacto en los ahorros de los colombianos y la estabilidad del sistema pensional se hacen más evidentes. La reforma pensional de Petro enfrenta un camino desafiante para convertirse en ley, mientras los críticos advierten sobre los riesgos y las consecuencias de su implementación.